En la madrugada del 24 de marzo
de 1976, María Estela Martínez de
Perón (más conocida como "Isabelita")
fue derrocada por una Junta de Comandantes de
las tres Fuerzas Armadas compuesta por Jorge Rafael
Videla (Ejército), Eduardo Emilio Massera
(Armada) y Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica).
Era el quinto Golpe Militar que sufría
la Argentina desde el realizado por José
Félix Uriburu en 1930. Esa noche, Isabel
abandonó la Casa de Gobierno en el helicóptero
presidencial y fue llevada detenida hasta la residencia
"El Messidor" en la provincia de Neuquén.
Allí empezó el denominado "Proceso
de Reorganización Nacional". Se interrumpieron
las libertades públicas, fueron disueltos
el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y los
partidos políticos, quedó sin efecto
la Constitución Nacional, se dispuso el
estado de sitio, se intervinieron los medios de
comunicación y se reglamentó la
pena de muerte. Quedaba legalizado el sistema
represivo y constituido el terrorismo de Estado.
Las fuerzas del mal quedaban al mando del país.
Antecedentes
Al morir Juan Domingo Perón el 1°
de julio de 1974, la sucesión presidencial
quedó en manos de su esposa, en su carácter
de vicepresidenta electa.
En 1973 Perón comenzaba su segunda presidencia
después de haber permanecido en el exilio
desde su derrocamiento en manos de militares opositores
apoyados por sectores de la Iglesia Católica,
el partido Radical, las oligarquías nacionales
y los Estados Unidos, en septiembre de 1955.
Durante el desafortunado gobierno de "Isabelita"
que comienza con la muerte de Perón, el
país fue presa de la violencia de la "Triple
A" (Alianza Anticomunista Argentina), organización
parapolicial de extrema derecha comandada por
el ministro de Bienestar Social y agente de la
CIA, José López Rega. La "Triple
A" fue responsable de los asesinatos y las
desapariciones de cerca de mil dirigentes y militantes
de la izquierda del peronismo, la organización
Montoneros, el ERP (Ejército Revolucionario
del Pueblo) y la CGT (Confederación General
del Trabajo), entre otros.
En el transcurso de 1975, Isabel Perón
solicitó licencia varias veces por razones
de salud, siendo reemplazada por el Dr. Italo
Argentino Luder, Presidente del Senado, quien
firmó en el mes de octubre el decreto que
permitía que las Fuerzas Armadas iniciaran
el combate contra la subversión con el
"Operativo Independencia" en los montes
de Tucumán, donde se desató una
represión indiscriminada contra las fuerzas
guerrilleras del ERP. Los términos en los
que estaba redactado el decreto, en el que se
pedía "aniquilar la subversión"
fueron utilizados más tarde como justificación
de las atrocidades cometidas durante la Dictadura
Militar. Meses después del Golpe de Estado,
el general Reynaldo Bignone afirmaba que: "La
lucha se planteó hasta el aniquilamiento
del enemigo. Y el aniquilamiento se logra por
la persecución hasta que el enemigo no
exista".
Aquel oscuro 24
La noche del 24 de marzo, los militares tomaron
los canales y las radios estatales. Hubo comunicados
toda la noche. El Comunicado Nº 1 decía:
"Se comunica a la población que, a
partir de la fecha, el país se encuentra
bajo el control operacional de la Junta de Comandantes
Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda
a todos los habitantes el estricto acatamiento
a las disposiciones y directivas que emanen de
autoridad militar, de seguridad o policial, así
como extremar el cuidado en evitar acciones y
actitudes individuales o de grupo que puedan exigir
la intervención drástica del personal
en operaciones".
A las 10.30 de la mañana se transmitió
la asunción de la Junta Militar. El General
Videla se dirigió a la sociedad argentina
aquel 24 de marzo afirmando que: "…A
partir de este momento, la responsabilidad asumida
impone el ejercicio severo de la autoridad para
erradicar definitivamente los vicios que afectan
al país (…)".
Después, a las 13.30 hs. se transmitió
en cadena nacional un partido de fútbol.
Y eso no fue casualidad, sino parte de la gigantesca
operatoria de toma del poder. El partido fue un
triunfo de dos a uno del seleccionado argentino
conducido por César Luis Menotti frente
a Polonia, en una ciudad llamada Katowice. Mientras
tanto las fuerzas policiales y militares estaban
ocupadas en los operativos de "lucha antisubversiva"
(consistida en desparecer, torturar y matar) que
ya tenían en la mira a miles de personas
que pensaran o enseñaran a pensar, obreros,
sindicalistas, políticos, periodistas,
profesores, estudiantes, psicólogos, sociólogos,
filósofos, idealistas, intelectuales, artistas
y todo aquel posible sospechoso, familiar, amigo,
conocido o vecino de sospechoso, o cualquier otro
ciudadano que se les cruzara en su camino y consideraran
propicio incluir en la lista negra.
La toma del Poder
El Golpe era cantado, muchos ya sabían
lo que venía. Un día antes el diario
Clarín titulaba en su tapa: "Inminencia
de cambios en el país". Además
de cantado, el Golpe era esperado por muchos sectores
nacionales e internacionales de poder, como las
clases dominantes argentinas, las empresas transnacionales,
la alta jerarquía de la Iglesia Católica
y el gobierno de los Estados Unidos.
El 25 de marzo el diario La Nación anunciaba:
"La crisis ha culminado. No hay sorpresa
en Ia nación ante la caída de un
gobierno que estaba muerto (…). En lugar
de aquella sorpresa hay una enorme expectación".
Por su parte, tres días después
del Golpe, el diario La Prensa publicaba un artículo
titulado: "Orden, seguridad, confianza"
que comenzaba diciendo: "En dos horas, sin
el asomo de una sola falla, al cabo de una operación
impecable, precisa, sin estridencias vanas y sin
disparar un solo tiro, las Fuerzas Armadas de
la Constitución pusieron término
al desempeño ilegítimo del gobierno
instaurado el 25 de mayo de 1973. Lo hicieron
para salvar -como dice la proclama dada a conocer
en la madrugada del día 24 -'un tremendo
vacío de poder'…".
Sin embargo, para "salvar ese vacío
de poder" el gobierno militar optó
por abusar del poder. En documentos secretos enviados
por el entonces embajador de los Estados Unidos
en Argentina, Robert Hill, al Secretario de Estado
norteamericano, Henry Kissinger, el embajador
anticipaba: "cuando intensifique su lucha
contra la guerrilla es casi seguro que el gobierno
militar en la Argentina comenterá violaciones
a los derechos humanos que generen críticas
internacionales".
Acorde con esto y como parte de un plan macabro,
el General Jorge Rafael Videla, nombrado Presidente
de facto por la Junta Militar, dijo en su discurso
pronunciado el día 30 de marzo del '76:
"...Es seguramente para asegurar la debida
protección de los derechos naturales del
hombre que asumimos el ejercicio pleno de la autoridad;
no para conculcar la libertad sino para afirmarla;
no para torcer la justicia, sino para imponerla.
Sólo el Estado (...) habrá de monopolizar
el uso de la fuerza (...). Utilizaremos esa fuerza
cuantas veces haga falta para asegurar la plena
vigencia de la paz social; con ese objetivo combatiremos,
sin tregua, a la delincuencia subversiva en cualquiera
de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento".
A partir del 24 de marzo de 1976, la Doctrina
de la Seguridad Nacional pasó a ser el
marco y el soporte ideológico del desarrollo
concreto del plan represivo. Desde ese momento,
se institucionalizó todo un aparato clandestino
para llevar adelante la tarea de la represión,
o "guerra sucia", o "comisión
de delitos aberrantes", y el secuestro y
la desaparición forzada de personas se
convirtieron en el método de detención
por excelencia.
Al mismo tiempo, se implementó un plan
económico basado en el liberalismo monetario.
Se puso fin al Estado intervencionista, a la protección
del mercado interno y al subsidio a empresas.
Se congelaron los sueldos y se dejó actuar
al mercado libremente. Los resultados fueron la
famosa "bicicleta financiera", un gran
endeudamiento externo, las industrias quebradas
y sobre el fin de la Dictadura una altísima
inflación. El encargado de cumplir el plan
económico de los militares fue José
Alfredo Martínez de Hoz. Modelo económico
neoliberal y Estado terrorista fueron partes inseparables
del nuevo régimen dictatorial que subió
al poder. Ese fue el inicio de la aplicación
de un modelo neoliberal que continuaría
reforzándose con los gobiernos democráticos
que se sucederían desde 1983 hasta el momento
y que hoy pueden verse reflejados en la agudísima
crisis política, social y económica
que atraviesa la Argentina.
El método
Para cumplir con sus objetivos siniestros de
eliminar a todo aquel que pensara, el gobierno
de facto dividió al país en cinco
grandes zonas denominadas "Comandos de Zona"
que se correspondían cada una con un Cuerpo
de Ejército. A su vez, estos Comandos de
Zona fueron divididos en zonas y áreas.
Dentro de esta estructura represiva funcionaron
los más de trescientos Centros Clandestinos
de Detención o Campos de Concentración
y desarrollaron sus tareas alrededor de dos mil
agentes pertenecientes a las tres armas de las
Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Seguridad, a
la Policía, la Gendarmería y el
Servicio Penitenciario.
Se estableció secretamente un modo criminal
de lucha contra la subversión. Los sospechosos
eran secuestrados en sus casas, su lugar de trabajo
o simplemente en la calle por una patota de oficiales
que encapuchaban al detenido, lo metían
en un auto (generalmente Ford Falcon verde, automóvil
utilizado por la policía de civil) y lo
llevaban a uno de los Centros Clandestinos de
Detención. Ya en cautiverio las personas
eran interrogadas bajo tormentos y torturas de
todo tipo, y sometidas a regímenes inhumanos
de vida, mientras se las mantenía clandestinamente
detenidas. Luego, se las mataba haciendo desaparecer
el cadáver (arrojándolo al río
o en tumbas "NN") o bien simulando enfrentamientos
armados como medio para justificar dichas muertes.
Los métodos no eran improvisados sino que
conformaban toda una estructura operativa. Por
esos años existía una estrecha relación
entre las dictaduras militares de América
Latina debido al llamado Operativo o Plan Cóndor.
Este plan sistemático de exterminio era
coordinado por las dictaduras de seis países:
Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y
Bolivia, y más tarde se incorporaría
también Ecuador. Uno de los documentos
clave de los llamados "Archivos del Terror"
(hallados en 1992 en Paraguay) pertenece a la
Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos
y lleva como título "Cómo mantener
vivos a los torturados".
En la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada),
uno de los mayores Centros Clandestinos de detención
y tortura de Buenos Aires -junto con el Campo
de Mayo-, por donde pasaron alrededor de cinco
mil detenidos y desaparecidos, se entrenó
a personal de inteligencia del ejército
español entre 1979 y 1983 en los métodos
de la "guerra sucia" que después
fueron aplicados en España por el Grupo
Antiterrorista de Liberación (GAL) contra
integrantes y simpatizantes del grupo separatista
ETA.
Desaparecidos
A fines de abril de 1977 aparece el primer grupo
de reacción contra la desaparición
forzada de personas. Se trató de un grupo
de mujeres que comenzaron a reunirse espontáneamente
en su búsqueda de una explicación
sobre el destino de sus hijos detenidos y desaparecidos
en circunstancias similares y de los cuales se
carecía de noticias. Ante la insistencia
y el número creciente de madres que se
concentraban para reclamar frente a la Casa de
Gobierno, la policía les prohibió
permanecer reunidas obligándolas a fuerza
de golpes a que "circulen". Entonces,
las mujeres comenzaron a marchar alrededor de
la pirámide de la Plaza de Mayo. Se dieron
en llamar así, las "Madres de Plaza
de Mayo" y constituyeron un elemento clave
en la toma de conciencia de lo que estaba sucediendo
en el país. Para identificarse entre ellas
decidieron usar un pañuelo blanco, y luego
de convocarse en diferentes días, optaron
por los jueves como días fijos para sus
reuniones. Poco a poco fueron creciendo en número
y a pesar de la constante represión que
sufrían en sus reclamos, su lucha se hizo
cada vez más fuerte. Tanto fue así
que un joven miembro de la Armada, el teniente
Alfredo Astiz, se infiltró entre ellas
bajo el nombre de Gustavo Niño, haciéndose
pasar como familiar de un desaparecido. Gracias
a la información obtenida por él,
una de las fundadoras de la agrupación,
Azucena Villaflor, fue secuestrada el 8 de diciembre
de 1977 y nunca más se supo su paradero.
Junto con ella desaparecieron otras catorce personas
entre las que se encontraban las monjas francesas
Alice Dumon y Léonie Duquet.
En el grupo de mujeres que se congregaban en la
Plaza de Mayo había madres que además
de buscar a sus hijos e hijas, buscaban también
a sus nietos. Se hicieron llamar las "Abuelas
de Plaza de Mayo". La desaparición
de niños y bebés formó parte
de una estrategia deliberada para detener la difusión
de "ideas subversivas" en las futuras
generaciones. El general Ramón Camps, jefe
de la policía de la Provincia de Buenos
Aires, explicó esta siniestra estrategia
en una entrevista realizada en 1983: "Personalmente
yo nunca maté a un niño; lo que
hice fue entregar algunos a organizaciones de
caridad para que pudieran ser dados a nuevos padres.
Los padres subversivos educan a sus hijos para
la subversión. Esto debe ser detenido".
En muchos casos, cuando las detenidas estaban
embarazadas, se las conservaba con vida hasta
que dieran a luz, luego se les daba el "traslado"
(término que significaba la pronta muerte)
y se entregaba el recién nacido en adopción,
a veces a familias de los propios militares, y
otras a parejas que desconocían la procedencia
del niño. Fueron denunciados más
de 200 casos de bebés desaparecidos, y
gracias a que las "Abuelas de Plaza de Mayo"
han continuado su búsqueda incesante, se
ha logrado dar con el paradero de muchos de aquellos
niños.
Derechos y humanos
En el mundo comenzaba a hablarse de la existencia
de campos de concentración en la Argentina
y de la violación sistemática a
los derechos humanos que se sufría por
entonces en la nación. La revista "Gente"
de Editorial Atlántida, tomando parte en
el encubrimiento y la mentira incitaba a sus lectores
a escribir cartas contando "la verdadera
situación del país" y suministraba
direcciones de "activistas" contra la
Argentina, entre los cuales se contaban Amnesty
International, la OEA, la Comisión Internacional
por los Derechos Humanos, entre otros.
En junio de 1978 con ocasión del Campeonato
Mundial de Fútbol se esperaba la presencia
de 60.000 turistas extranjeros atraídos
por el evento pero al iniciarse el campeonato
sólo habían llegado 7000 y casi
todos periodistas. Pese a esto, el Mundial del
'78 fue una forma de mantener a los argentinos
en la euforia de un nacionalismo ciego de lo que
realmente estaba sucediendo.
Para contrarrestar la "campaña antiargentina"
en el mundo, el gobierno militar contrató
a la empresa norteamericana "Burson &
Marsteller" con el fin de mejorar la imagen
del país o, mejor dicho la de su propio
gobierno. La empresa ideó entonces la recordada
frase "Los argentinos somos derechos y humanos"
que lució en los parabrisas de transportes
públicos y automóviles particulares,
y que fue difundida ampliamente por cines y televisión,
contando con el consenso (real o forzado) de gran
cantidad de figuras del deporte y el espectáculo.
El 6 de septiembre de 1979, mientras el Gobierno
de la Junta Militar repartía las obleas
que decían "los argentinos somos derechos
y humanos", llegaba al país la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
Organización de los Estados Americanos
(OEA). La CIDH expresó su "preocupación
por el número cada vez mayor de denuncias
y por las informaciones recibidas de distintas
fuentes que hacían aparecer un cuadro de
violaciones graves, generalizadas y sistemáticas
a derechos y libertades del hombre".
El número total de denuncias que recibió
la Comisión durante el tiempo que estuvo
en el país fue de 5.580, de las cuales
eran nuevas 4.153 y 1.261 comunicaciones se referían
a casos ya registrados y que estaban en trámite.
El día 20 de septiembre de 1979 (fecha
en que concluyó su labor), la CIDH le entregaba
al Tte. Gral. Jorge R. Videla un texto que incluía
recomendaciones preliminares. El informe hecho
por la Comisión sobre la situación
de los DD.HH. en el país fue prácticamente
desconocido y omitido. A pesar de que en el exterior
se comenzó a saber y a repudiar lo acontecido
en Argentina, dentro del país la represión
y el terrorismo de Estado fue cada vez más
feroz.
Últimos años
A comienzos de la década del '80, la situación
del Proceso había cambiado. Videla entregaba
la Presidencia de facto a Roberto Viola en marzo
de 1981 y el ministro de Economía José
Alfredo Martínez de Hoz dejaba su cargo
el 29 de marzo de ese mismo año, ocupando
su lugar Lorenzo Sigaut.
El 31 de Julio de 1978 Viola había reemplazado
a Videla como comandante en jefe del Ejército.
En septiembre de 1980, la Junta Militar lo designó
como sucesor de Jorge Rafael Videla como segundo
Presidente del régimen militar. La Armada
se opuso y durante 10 días discutió
la designación. Finalmente asumió
el 24 de Marzo de 1981 y duró hasta el
11 de Diciembre de ese año en que dejó
su cargo por supuestas razones de salud.
Roberto Viola fue reemplazado entonces por Leopoldo
Fortunato Galtieri, quien asumió el 22
de diciembre de ese mismo año. Galtieri
será responsable de uno de los errores
políticos que marcará el principio
del fin de los años nefastos del Proceso:
la Guerra de Malvinas.
En la madrugada del 2 de abril de 1982, efectivos
del regimiento 25 de la Infantería argentina
desembarcaron en las Islas, en Port Stanley, ocuparon
la casa del gobernador y obtuvieron su rendición.
El hecho fue comunicado a la opinión pública
como la recuperación de las Islas Malvinas
en poder de los ingleses desde 1833.
Los medios de comunicación mentían
y el pueblo ingenuo festejaba. Con la noticia
de la guerra hubo argentinos que agitaron sus
banderas en la Plaza de Mayo a la vez que Galtieri
saludaba desde los balcones de la Casa de Gobierno.
La manifestación obrera que tres días
antes (el 30 de marzo) había sido brutalmente
reprimida en Plaza de Mayo con detenciones y heridos,
pasaba a quedar rápidamente en el olvido
tapada por la misma euforia ciega que se había
apoderado de los argentinos durante el Mundial.
La tapa de la revista "Gente" del 6
de mayo anunciaba "Estamos ganando".
Pero la mentira tuvo patas cortas. Una vez producido
el desembarco de las tropas británicas
en las proximidades de Port Stanley -rebautizado
Puerto Argentino- se hizo evidente que la guerra
estaba perdida. El Papa Juan Pablo II visitó
la Argentina el 11 y 12 de junio, luego de una
gira por Gran Bretaña. Dos días
después, el 14 de junio de 1982 se produjo
la derrota final, dejando un alto saldo de jóvenes
argentinos muertos y heridos.
Galtieri renunció el 17 de junio, sin realizar
ningún tipo de autocrítica y fue
reemplazado por Reynaldo Bignone. A partir de
ese momento fue claro que los años más
oscuros de la Argentina hasta el momento estaban
llegando a su fin. La labor del cuarto y último
Presidente de facto sería la de dejar el
mando a un gobierno democrático y constitucional.
Cuando Bignone se hizo cargo del poder el 1º
de julio, declaró en un mensaje por radio
y televisión que llegaba "con una
misión clara y concreta: institucionalizar
el país, a más tardar en marzo de
1984". Sin embargo, octubre de 1983 fue la
fecha para las elecciones.
Informe Final
El 28 de abril de 1983 las Fuerzas Armadas daban
a conocer lo que ellas suponían sería
el Informe Final sobre el tema de los secuestrados
desaparecidos durante el régimen militar.
La versión oficial sobre el Terrorismo
de Estado significaba un compendio de falsedades
y se trataba de un verdadero agravio para todo
el país. Sostenía que los crímenes
más siniestros debían quedar sin
sanción y que además, los hechos
protagonizados por las Fuerzas Amadas debían
ser considerados como "actos de servicio".
El informe concluía: "...En consecuencia,
debe quedar definitivamente claro que quiénes
figuran en nóminas de desaparecidos y que
no se encuentran exiliados o en clandestinidad,
a los efectos jurídicos y administrativos
se consideran MUERTOS, aún cuando no pueda
precisarse hasta el momento la causa y la oportunidad
del eventual deceso, ni la ubicación de
sus sepulturas (...)".
El documento fue rechazado de manera unánime
tanto en el país como en el exterior. Luego,
en septiembre de 1983, sancionaron la ley conocida
como de "autoamnistía" que produjo
la misma reacción de indignación
en la gente.
No podía haber dignidad en el retiro de
un gobierno que había violado sistemáticamente
las dignidades y los derechos humanos, secuestrando,
torturando y desapareciendo a los ciudadanos argentinos,
dejando un saldo de 30.000 personas muertas y
desaparecidas, un millón de exiliados y
profundas e imborrables heridas en las sucesivas
generaciones.
En diciembre de 1983 llegó la Democracia
y la creación de la CONADEP (Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas)
que reunió casi 9.000 testimonios de casos.
También vinieron los Juicios a las Juntas
pero enseguida se sancionaron las "Leyes
de Impunidad" que evitaron que muchos militares
responsables de crímenes y delitos pudiesen
ser juzgados. Años después, en 1990,
con el Indulto, todos los asesinos quedaron libres.
Hoy, han sido juzgados y encarcelados nuevamente
algunos de ellos por robo de bebés o apropiación
ilegítima de bienes pero la gran mayoría
permanece en libertad.
La Justicia está en deuda con los argentinos.
|
