Aquel 24 de marzo de 1976 en Argentina no fue
un hecho aislado ni, por supuesto, casual. Todo
era parte de un plan, un operativo destinado
a callar el bramido de los pueblos alzados.
Los años 60 y 70 fueron tiempos revolucionarios,
tiempos de resistencias, guerrillas y sueños
de libertad. Cuba se había escapado del
dominio de los Estados Unidos y las nuevas administraciones
de Washington no podían permitir que
eso se repitiera en otra parte de América,
donde hombres y mujeres se oponían al
poderío del empresariado internacional
y la explotación de las oligarquías
nacionales.
La red de dictaduras en el Cono Sur consistió
entonces en la ejecución del mismo plan
de exterminio masivo. La periodista Stella Calloni
da pruebas de esta articulación en su libro
“Los años del lobo. Operación
Cóndor”: “El general Alfredo
Stroessner llevaba ya una década en el
poder cuando los militares brasileños derrocaron
al gobierno democrático y popular de Joao
Goulart. La tradición de golpe tras golpe
llevó a la dictadura de Hugo Banzer en
1971 en Bolivia. El golpe del general Augusto
Pinochet, el 11 de septiembre de 1973 en Chile,
terminó con el experimento socialista de
un gobierno elegido democráticamente, derrocando
al presidente Salvador Allende, que no se rindió
y murió en la casa gubernamental destruida
por los bombardeos. Ese mismo año, la prolongada
democracia en Uruguay culminó cuando el
presidente Juan María Bordaberry, aliado
con los militares, cerró el Congreso y
puso al país bajo dictadura. Tres años
después, el 24 de marzo de 1976, una Junta
militar, presidida por el general José
Rafael Videla, interrumpió, una vez más
en Argentina, un gobierno civil”(1).
Pero detrás de todas estas dictaduras
la historia demostró la presencia de
una mano negra que las articulaba. El gobierno
de los Estados Unidos, con el FBI y la CIA fueron
los artífices del llamado Plan u Operativo
Cóndor, que bien supieron ejecutar los
militares latinoamericanos y consistió
en la internacionalización del horror,
donde no existieron fronteras ni límites
territoriales para el secuestro, la tortura,
la muerte y la desaparición.
Matar las causas nobles
La Junta militar que tomó el mando aquel
nefasto 24 de marzo en Argentina, en complicidad
con sectores de poder nacionales e internacionales,
llegó para diezmar a un pueblo esperanzado
y desaparecer una generación entera de
jóvenes soñadores que creyeron en
la libertad.
El 30 de marzo del 76, el general Videla dio
un discurso en el que vaticinó el horror:
"Es seguramente para asegurar la debida protección
de los derechos naturales del hombre que asumimos
el ejercicio pleno de la autoridad; no para conculcar
la libertad sino para afirmarla; no para torcer
la justicia, sino para imponerla. Sólo
el Estado (...) habrá de monopolizar el
uso de la fuerza (...). Utilizaremos esa fuerza
cuantas veces haga falta para asegurar la plena
vigencia de la paz social; con ese objetivo combatiremos,
sin tregua, a la delincuencia subversiva en cualquiera
de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento".
Y así lo hicieron, sin culpa ni piedad.
30 mil fueron los desaparecidos y muchas más
las víctimas de aquel horror, del silencio,
el miedo, el exilio y el dolor de perder a los
seres queridos. Porque para los militares, “la
delincuencia subversiva” fueron los obreros,
los estudiantes secundarios y universitarios,
los docentes, los periodistas y profesionales,
los dirigentes sindicales, los artistas, los que
participaban en agrupaciones y partidos políticos,
los que no callaban, los que veían y escuchaban,
los que se quedaban a pesar del miedo y la persecución
(2).
Además, acompañando a la muerte
llegó la venta del país y el endeudamiento
ilegítimo, cuyas consecuencias (agravadas
por los posteriores gobiernos, especialmente los
del Dr. Carlos Menem) aún persisten. “Al
mismo tiempo, se implementó un plan económico
basado en el liberalismo monetario. Se puso fin
al Estado intervencionista, a la protección
del mercado interno y al subsidio a empresas.
Se congelaron los sueldos y se dejó actuar
al mercado libremente. Los resultados fueron la
famosa ‘bicicleta financiera’, un
gran endeudamiento externo, las industrias quebradas
y sobre el fin de la dictadura una altísima
inflación. El encargado de cumplir el plan
económico de los militares fue José
Alfredo Martínez de Hoz. Modelo económico
neoliberal y Estado terrorista fueron partes inseparables
del nuevo régimen dictatorial que subió
al poder.” (3)
El 28 de abril de 1983, año en el que
finalmente se realizarán las elecciones
democráticas, la Junta militar emite
a través de la cadena nacional de radio
y televisión el “Documento final
sobre la guerra contra la subversión
y el terrorismo” que en una extensa y
cínica explicación de los acontecimientos
informa: "En consecuencia, debe quedar
definitivamente claro que quienes figuran en
nóminas de desaparecidos y que no se
encuentran exiliados o en clandestinidad, a
los efectos jurídicos y administrativos
se consideran muertos, aún cuando no
pueda precisarse hasta el momento la causa y
oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación
de sus sepulturas" (4).
La resistencia
Los 30 años pasaron, como todo tiempo
pasa, pero los surcos que quedaron fueron profundos.
Las Madres fueron ejemplo de resistencia. Comenzaron
a concentrarse a fines de abril de 1977 frente
a la Casa de Gobierno en reclamo de la aparición
de sus hijos secuestrados. Sin embargo, como la
policía les prohibió reunirse y
las forzó a circular, ellas iniciaron su
marcha alrededor de la pirámide de la Plaza
de Mayo.
Algunas de ellas también desaparecieron.
Azucena Villaflor, iniciadora del movimiento Madres
de Plaza de Mayo, fue secuestrada el 10 de diciembre
de 1977, dos días después que otras
dos Madres desaparecieran en la Iglesia de la
Santa Cruz, junto a otras personas. Estos secuestros
fueron realizados por un comando de la Armada
que integraba Alfredo Astiz (apodado “el
ángel de la muerte”), quien se infiltró
como Gustavo Niño entre las Madres haciéndose
pasar por el hermano de un desaparecido.
28 años después de su desaparición,
los restos de las Madres Azucena Villaflor, María
Eugenia Ponce y Esther Ballestrino de Careaga
enterrados como NN en el cementerio de General
Lavalle fueron identificados por el Equipo Argentino
de Antropología Forense (EAAF).
Nora Cortiñas, representante de la agrupación
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
recuerda: “Azucena Villaflor, fue una de
las primeras mujeres organizadoras de las Madres
de Plaza de Mayo. Ella fue la que lanzó
nuestra proclama inicial: ‘Todas por todas
y todos son nuestros hijos’. ¿Qué
queríamos decir con esto? Era una promesa
implícita de las Madres, nuestra lucha
no era individual, era colectiva. A lo largo de
estos años, si no fuera por esta filosofía
que planteó Azucena, hubiese sido muy difícil
afrontar tantas adversidades. Varias madres murieron,
otras debieron criar a sus nietos por la desaparición
de los padres. A algunas compañeras les
desaparecieron todos sus hijos, a otras les quitaron
la posibilidad de criar a sus nietos, porque esos
niños también fueron secuestrados
junto con sus padres y mantenidos en cautiverio,
hasta que los asesinos de sus familiares se los
apropiaron y después los registraron con
una identidad falsa. Sólo la fuerza que
te da el conjunto permite seguir la búsqueda.
Nosotras ya no somos madres de un solo hijo, somos
madres de todos los desaparecidos”.
Aquellas Madres que además perdieron a
sus nietos iniciaron una búsqueda que hasta
hoy no cesa. Se estima que unos 300 niños
nacieron en los centros clandestinos de detención
o fueron robados como “botín de guerra”
e inscriptos como hijos propios por los represores
o entregados de manera ilegal en adopción.
Estas mujeres conformaron la agrupación
Abuelas de Plaza de Mayo y en su búsqueda
incansable han encontrado a 82 nietos; el último
fue Sebastián, hijo de Gaspar Onofre Casado
y Adriana Leonor Tasca, identificado a comienzos
de este año.
Muchas son las historias de la resistencia que
se tejieron entre el año del golpe (incluso
antes, cuando la persecución estaba en
manos de la Triple A, Alianza Anticomunista
Argentina) y estos tiempos de democracia donde
la justicia no ha saldado la deuda con el pueblo
argentino que no olvida ni perdona. En aquel
tiempo las Madres y Abuelas, los organismos
de derechos humanos, los artistas, intelectuales,
escritores y periodistas que arriesgaron e incluso
dieron su vida -como el escritor Rodolfo Walsh
con su carta abierta a la Junta militar- defendiendo
los más altos ideales, los desaparecidos
que pese a la tortura no traicionaron, los familiares,
amigos y víctimas de la represión
y el exilio, todos ellos resistieron. Muchos
aún hoy resisten y se evidencia en las
agrupaciones de hijos de desaparecidos y la
cantidad de organizaciones y movimientos que
siguiendo el ejemplo de las Madres no dieron
ni un paso atrás en sus reclamos por
la memoria y la justicia.
La memoria colectiva
No todos tuvieron o tienen memoria. Algunos la
tuvieron un tiempo y pronto se les olvidó
(generalmente aplacada por otros intereses). Otros
tienen memoria de a ratos; es sincera pero esporádica.
Hay un sector, el que generalmente detenta el
poder, que recurre a la memoria en los momentos
en que eso es lo importante. Siempre están,
y ellos son ejemplo de resistencia, los que nunca
olvidan.
Esta conmemoración de los 30 años
trajo mucha memoria. A todos. Algunos que nunca
olvidan se ofendieron, porque la memoria era propia
de ellos y ciertamente tenían más
derecho a reclamarla. Otros decidieron compartirla
con los que por fin recordaron. Este fue el extraño
caso del gobierno del presidente Néstor
Kirchner que se atrevió a descolgar el
retrato de los dictadores, a proponer convertir
en museo la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA) que funcionó como uno de los principales
centros de detención de la ciudad de Buenos
Aires, a declarar nulas las leyes de impunidad
(Obediencia Debida y Punto Final), a poner a una
mujer al mando de las Fuerzas Armadas y, esta
vez, a los 30 años del fatídico
golpe de Estado, tuvo la iniciativa de nombrar
el 24 de marzo “Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia”, feriado
nacional aprobado por el Congreso de la Nación
bajo la Ley 26085.
¿Traerá esto al futuro más
memoria o se convertirá en una fecha patria
de la que mucha gente desconoce su origen? Pues
está en nosotros seguir recordando. Porque
la batalla no ha terminado. Porque la justicia
no se ha pronunciado como el pueblo argentino
espera y los represores están libres. Porque
no todos los niños nacidos en cautiverio
han aparecido. Porque el silencio fue cómplice
entonces (no olvidemos aquella frase publicitaria
que indicaba: “el silencio es salud”)
y podrá ser cómplice mañana.
Hoy América Latina despierta en un tiempo
nuevo. Soberanía, justicia y dignidad es
la bandera de lucha contra un imperio que no cesa
sus agresiones políticas y económicas.
Podemos ser libres y ponernos de pie, y unidos
escribir la historia de nuestros pueblos vencedores.
Y debemos, por nuestros 30 mil muertos y desaparecidos
y los 300 mil de todos los países latinoamericanos,
no olvidar nunca más.
Notas:
1. Calloni, Stella, Los años del lobo.
Operación Cóndor, Ediciones Continente,
1999.
2. El Informe de la CONADEP menciona la siguiente
distribución de desaparecidos según
profesión u ocupación: Obreros 30,0%.
Estudiantes 21,0%. Empleados 17,8%. Profesionales
10,7%. Docentes 5,7%. Conscriptos y personal subalterno
de las Fuerzas de Seguridad 2,5%. Amas de casa
3,8%. Autónomos y varios 5,0%. Periodistas
1,6%. Actores y artistas 1,3%. Religiosos 0,3%.
(Informe de la Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas, CONADEP, Nunca
Más, Eudeba, 1984.)
3. Copley, Florencia, “Cuando el terror
es gobierno”, Diario NuestraAmerica.info,
www.nuestraamerica.info, marzo de 2002.
4. “Documento final sobre la guerra contra
la subversión y el terrorismo”, emitido
a través de la cadena nacional de radio
y televisión por la Junta Militar, el 28
de abril de 1983 a las 20 hs. |
