La lucha contra la impunidad le ganó otra batalla al olvido

Por
Florencia Copley

Transcurridos casi 20 años de la sanción de las leyes de impunidad que beneficiaron a los represores de la última dictadura militar argentina y casi 30 del golpe de Estado que instauró la desaparición de personas, la tortura y el miedo como forma de gobierno, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El fallo contó con siete votos a favor, una abstención y uno en contra. Los ministros Enrique Petracchi –presidente del máximo tribunal–, Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano, firmaron por la inconstitucionalidad, Carlos Fayt votó por la validez de las leyes y Augusto Belluscio se abstuvo. Estos dos últimos jueces, en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, formaron parte del máximo tribunal que confirmó la validez de las llamadas “leyes del perdón”.

A comienzos de este mes, el procurador General de la Nación, Esteban Righi, se pronunció en contra de las leyes y recomendó a la Corte Suprema de declarar su inconstitucionalidad. El procurador se refirió a los artículos 29, 108 y 116 de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que 'son inadmisibles las disposiciones de amnistía y prescripción que pretendan impedir la investigación y sanción de las violaciones graves de los derechos humanos como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas'.

La causa por la que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida es la seguida por el secuestro, las torturas y la desaparición de José Poblete (de nacionalidad chilena) y Gertudris Hlaczik, padres de Claudia Victoria Poblete, ocurridos a fines de 1978 por un grupo que declaró pertenecer a las 'Fuerzas Conjuntas'.

Carolina Varsky, abogada de la familia en esta causa e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explicó que la causa 'la inicia Abuelas de Plaza de Mayo por la apropiación de la menor en 1998 y el CELS se presenta como querellante solicitando la inconstitucionalidad de las leyes en octubre de 2000'.

La historia de las leyes de impunidad se remonta a dos décadas atrás, cuando en el año 1985 se inician los juicios a las juntas militares que gobernaron durante la última dictadura argentina. El juicio dictaminó condenas a Jorge Rafael Videla, Eduardo Massera, Orlando Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini, sin embargo, el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín decidió poner término a los juicios y en diciembre de 1986 la Cámara de Diputados aprobó la ley 23.492, conocida desde entonces como de Punto Final. Al año siguiente, a causa de la presión militar, se sancionó la ley de Obediencia Debida que estableció la exención de culpa para los oficiales jefes, oficiales subalternos y personal de tropa por las violaciones a los derechos humanos. Pero todo lo malo no había llegado aún. En 1989, el ex presidente Carlos Saúl Menem declaró el indultó y dejó libres a militares, represores y torturadores.

Hoy, la Corte Suprema otorga una nueva oportunidad de hacer justicia. 'Este día 14 de junio hace a la lucha contra la impunidad', dijo el presidente Néstor Kirchner en referencia al fallo. Lo que sigue es un proceso de citaciones, apertura de causas y juicios a los culpables de tanto dolor y muerte.

'Ahora nos queda la satisfacción de pensar que podemos obtener justicia plena no solamente por nuestros nietos sino también por los papás y todos los que fueron asesinados por el terrorismo de estado', aseguró Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.