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OPINION | CONFLICTO DEL CAMPO EN ARGENTINA | FECHA DE PUBLICACION: 15/07/2008
Retracción fatal
 
En los días recientes, se ha difundido un texto de Miguel Mazzeo, titulado "Atracción fatal. Notas sobre la lucha de clases, los intelectuales y el conflicto entre los ruralistas y el gobierno". Su propósito explícito es el de cuestionar las posiciones tomadas por “algunos compañeros intelectuales, militantes y dirigentes populares” en relación con el conflicto entre los empresarios agrarios y el gobierno. En estas posiciones Mazzeo advierte que se ha “pecado de ingenuidad”.

Por
Andrés Méndez(*)
"La impaciencia se afana en lo que es imposible, alcanzar el fin sin los medios"
G.W.F. Hegel

Una primera y no menor observación sobre el texto es que el cuestionamiento sólo se refiere a un sector específico: “los que venían mostrando alguna solidez intelectual y política, cedieron, ahora, a la atracción fatal del gobierno en el marco de su actual conflicto con los ruralistas”.

Sin embargo, no hay cuestionamiento alguno ni polémica alguna con otro sector: algunos compañeros intelectuales, militantes y dirigentes populares que “cedieron a la atracción fatal” de los empresarios agrarios. Puesto que ni siquiera se los menciona, no hay manera de saber los motivos de la omisión, dejando abierta la posibilidad de que el autor considere a esta “atracción fatal” menos preocupante que la anterior.

La omisión es más llamativa si consideramos la descripción que el propio Mazzeo hace del bloque opositor articulado alrededor de los empresarios agrícolas: “presentó un cariz reaccionario y decididamente antipopular (…) se dedicaron a ultrajar el sentido de lo justo y lo popular (…) Emergieron todos los prejuicios de las capas medias y las clases acomodadas (…) Los grandes medios mostraron una capacidad inagotable para captar y sintetizar el sentido común reaccionario y propietario”.

* * *

La primera parte del trabajo está dedicada a negar al conflicto el carácter de lucha de clases. Hay en esto una confusión muy generalizada, que limita la lucha de clases a la confrontación directa entre las clases fundamentales de la sociedad: explotados y explotadores. El propio autor parece advertir cierta debilidad en su argumentación, cuando admite que las clases son homogéneas y que tienen conflictos internos. Cabe preguntarse de qué extraño principio podría derivarse la noción de que las clases subordinadas no puedan y deban aprovechar esos conflictos para sus propios fines. E incluso la posibilidad de que no tengan, por su propia debilidad objetiva y subjetiva, otra posibilidad de actuar que en el marco de un conflicto que enfrenta a fracciones de las clases dominantes. En una sociedad dividida en clases, la lucha de clases existe siempre y en todos los aspectos de la vida social y, con mucha frecuencia, no es tan clara como se puede presentar en un manual. Pero esta cuestión excede el marco de las discusiones hoy en curso y merecería un debate por sí misma.

El núcleo duro de la argumentación se centra en atribuir al gobierno kirchnerista (el autor, con buen criterio, toma en realidad el conjunto del período posdevaluación) la condición de “versión blanda” del neoliberalismo. Y cuestiona “que frente a la versión dura del neoliberalismo, se milite en defensa de la versión blanda”.

Por cierto, es más que discutible que las medidas de política económica adoptadas después de diciembre de 2001 constituyan una versión del neoliberalismo, ya sea dura, blanda o líquida. Mi opinión al respecto puede verse en dos textos que no es del caso reproducir aquí.1 Basta con señalar una cosa: la aplicación en la Argentina de las recetas neoliberales durante un cuarto de siglo provocó un desastre social que a finales de 2001 se volvió peligroso para la estabilidad burguesa, sin la contrapartida de un crecimiento económico y más bien con un estancamiento que se coronó con una recesión cercana al colapso. La alianza burguesa de las finanzas y las privatizadas fue incapaz de sostener la valorización financiera como eje de la economía y se impuso un giro y un nuevo bloque burgués dominante de sesgo productivo y con fuerte presencia del sector industrial.

Ignorar ese cambio es un error de análisis que no puede sino llevar a un encadenamiento de errores en todos los planos. No se trata, por supuesto, de que la estructura económica y social forjada en décadas de predominio de la valorización financiera haya desaparecido. De lo que se trata es de la aplicación de políticas económicas que entran en fuerte tensión con esa estructura. El conflicto presente es parte de esas tensiones. No es casual que uno de los argumentos esgrimidos por los empresarios agrícolas sea el de que las retenciones móviles amenazan la existencia de los mercados de futuros, es decir, el mercado financiero que especula sobre las mercancías de origen agrario.

Es verdad que el gobierno kirchnerista carece de planes muy elaborados para la economía. Hay una fuerte y hasta muy fuerte dosis de improvisación. Pero este rasgo no lo transforma en neoliberal. Por lo menos, hasta ahora. Durante cinco años, ha obrado en sentido contrario, con la cuota de improvisación ya señalada.

El propio Mazzeo admite que “la valorización primario-exportadora se impuso frente a la valorizacion financiera”. Valorización financiera es el verdadero nombre de lo que se suele llamar neoliberalismo. Por lo demás, vale la pena indicar que la valorización primario-exportadora está lejos de ser la única forma de valorización dominante del período abierto en 2002: la valorización industrial también lo es y el mercado interno ha recuperado el papel dinamizador que había perdido durante los treinta años de predominio de la valorización financiera.

* * *

En abono de sus tesis, el autor se toma algunas libertades con los hechos. Por ejemplo, afirma que el gobierno no se propone extender las retenciones a la actividad petrolera. En mérito a la precisión, aclaremos que las retenciones no se aplican sobre ninguna actividad, sino sólo sobre sus exportaciones. Las exportaciones petroleras, como las agrarias, sufren retenciones e incluso con alícuotas superiores. Es difícil comprender a qué se refiere Mazzeo.

Una afirmación más ajustada a los hechos es la comparación que el autor hace entre lo que se recauda por las retenciones a las exportaciones del agro (10%) y lo que ingresa por el IVA (42%). Sólo olvida, y no es pequeño olvido, mencionar que la recaudación por el IVA ha disminuido sustancialmente su aporte porcentual, desde más de 60% que representaba en los años ’90. El sistema impositivo sigue siendo regresivo, pero lo es en una medida sustancialmente menor.

El autor también utiliza los datos de manera harto precaria cuando sostiene que “el aumento del empleo vino acompañado de una brutal devaluación de los salarios reales, del aumento de la precarización y de una redistribución que profundiza la asimetría”. Para despejar malos entendidos, si lo que se quiere decir es que las condiciones de los trabajadores y de los sectores más pobres no han recuperado los niveles anteriores a la larga serie de experimentos neoliberales, esto es una evidencia. Si se quiere tomar al pie de la letra la frase citada, cada una de sus partes es una inexactitud.

“Brutal devaluación de los salarios reales”. La devaluación de 2002 redujo los salarios brutalmente… en términos internacionales. No lo hizo en términos del poder de compra interno. Puesto que Mazzeo no aporta datos de sus afirmaciones, será necesario citar los que demuestran lo contrario. Al comenzar 2007, la participación de los asalariados en el producto ascendió a 45%, el nivel más alto desde 1992. Lejos, por cierto, del 49% de 1974, pero lejos también de mostrar una caída. Por supuesto, una masa enorme de asalariados tienen bajos salarios; lo que no tienen es salarios inferiores a los del período anterior.

“Aumento de la precarización”. Si la afirmación fuera correcta, el aumento del empleo debió acompañarse con un aumento del trabajo en negro. No es el caso. El trabajo en negro, que sigue siendo muy alto, se redujo. Esto significa que la absorción de desocupados o de trabajadores nuevos debió hacerse con empleos en blanco. Y, en los casos en que se incorporaron en empleos en negro, debió haber un blanqueo de otros que anteriormente estaban en negro.

“Redistribución que profundiza la asimetría”. Se supone que esto significa un incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Examinemos la evolución de la distribución del ingreso per cápita de las familias entre mayo de 2003 y el primer trimestre de 2007. Los cuatro primeros deciles (los de menor ingreso) pasan de 17% del total a 18,9%, con un aumento de 11,2%. Los dos últimos deciles (los de mayor ingreso) pasan de 47% a 42%, con un descenso de 11,6%. La distribución del ingreso sigue siendo muy desigual, pero no es eso lo que afirmó Mazzeo; él dice que se ha hecho más desigual. No es así.

Afirmar que los pools de siembra no participaron del conflicto es otra inexactitud. El titular del mayor de ellos (y justamente el que se dedica en forma excluyente a esa actividad) se pronunció a favor en una asamblea de agricultores en Carlos Casares. Sobre la actitud de los agronegocios es llamativo que el propietario de una de las mayores empresas del sector, senador oficialista, se haya apartado del gobierno al que se supone apoyaba. Si nos guiamos por la vieja experiencia que indica que los burócratas sindicales suelen actuar según las necesidades de su propia patronal, resulta significativo que los burócratas de los frigoríficos, con los debidos recaudos de quien no quiere jugarse demasiado el pellejo por una causa ajena, se hayan sumado al coro que reclamaba un retroceso del gobierno.

Es cierto que las grandes empresas del negocio agrario no necesitan poner el cuerpo en la ruta. Su tamaño y su capacidad financiera hacen que puedan continuar con sus grandes negocios, sea cual sea el resultado del conflicto. Y, después de todo, ¿para qué sirve la pequeña y mediana burguesía, si no es para actuar como fuerza de choque del gran capital, que así se preserva de todo riesgo y se asegura cosechar los beneficios?

Pero no es cierto que la gran burguesía ligada a los negocios agropecuarios haya permanecido neutral. Actuó como suele hacerlo, por medio de sus aparatos simbólicos e ideológicos. Mazzeo dice, con razón, que la Presidenta “no es revolucionaria montonera filomarxista” porque lo afirme La Nueva Provincia. Con algo menos de razón, dice que el gobierno no es nacionalista ni estatista porque lo afirme algún columnista de La Nación. Pero hay que preguntarse qué ocurre entre la gran burguesía nacional e internacional y el gobierno, cuando prácticamente todos los medios de prensa del país coinciden en atacarlo, asumen las posiciones del empresariado agrícola y cuestionan justamente el “aislamiento” internacional y la “excesiva” injerencia estatal en la economía. ¿Están todos confundidos? Hay que preguntarse por qué los medios de prensa de los países imperialistas, en la escasa medida en que se ocupan de la Argentina, baten el parche en el mismo sentido, cuando no con mayor dureza. ¿Por qué las publicaciones británicas The Economist y Financial Times, los diarios norteamericanos The New York Times y Washington Post y el español El País? El entusiasmo que este último diario madrileño muestra por el conflicto agrario no parece fácil de separar de su ya añeja preocupación por las desventuras que dicen padecer las empresas privatizadas de capital español y que ya provocaron el retiro de algunas de ellas. No se trata de los paatéticos nostálgicos de Hitler, Mussolini y Franco de la revista Cabildo. Se trata de los voceros autorizados de los grandes capitales imperialistas.

En vísperas del cambio presidencial de diciembre, todos los grandes medios de comunicación expresaron su esperanza de que la Presidenta corrigiera la inquina que atribuían a su antecesor en el trato con las empresas nacionales y extranjeras. Con la misma firmeza expresaron su desazón cuando advirtieron que los cambios deseados no se producían. ¿Esas esperanzas y esa desazón indican una conformidad plena con la marcha de la presidencia anterior y de la actual?

* * *

Naturalmente, Mazzeo acierta en su caracterización del conflicto como interno a la burguesía. Pero esto no es suficiente. Los conflictos interburgueses no siempre son de resultado indiferente para los trabajadores. La advertencia sobre ese carácter podría ser útil y valiosa si fuera un instrumento para convocar a una movilización y organización independiente y a la exigencia de una mejora sustancial en las condiciones de los trabajadores y demás sectores explotados.

El movimiento obrero inglés no perdió nada y, por el contrario, ganó mucho con su participación junto con la burguesía industrial (su enemiga más directa) en la campaña contra las Corn Laws. Marx prevenía contra la simplista concepción de que frente a la clase obrera todas las otras clases eran una sola masa reaccionaria. La obstinación con que los anarquistas argentinos despreciaron toda posibilidad de incidir en los conflictos interburgueses los llevó en sólo dos décadas de ser la fuerza mayoritaria entre los trabajadores organizados a convertirse en una corriente minoritaria, en retroceso y carcomida por luchas internas.

Mazzeo descarta una acción independiente por “la ausencia de alternativas populares y la debilidad de los sujetos populares, diluidos, sin espacios de legitimación”. Esta descripción podría tal vez ser tachada de exagerada, pero no de falsa. ¿En tales condiciones es la mejor solución retraerse a una neutralidad que es imposible? Imposible, porque el conflicto tiene un nivel de enfrentamiento y polarización que no permite ignorarlo.

Mazzeo dice bien que no hay posibilidades de un golpe. Evocar esa perspectiva es una exageración propagandística. Pero polemizar con las exageraciones no resuelve los problemas de base. Los objetivos del conflicto han rebasado ampliamente la cuestión de un punto más o menos de retenciones. Lo que está en juego es si el Estado conservará los márgenes de maniobra sobre la economía que ganó después del derrumbe de 2001 o si un sector empresario (que mañana serán otros) puede imponerle la orientación económica. ¿Golpe? Los carapintadas no querían derrocar a Alfonsín, sólo imponerle las leyes de impunidad. Se puede obtener el resultado querido sin alterar la institucionalidad.

Si el gobierno es derrotado, siga o no siga en los cargos institucionales, los cambios en la economía nacional, en la política laboral, en las relaciones con el imperialismo y aún en otros terrenos no van a ser favorables para los trabajadores y el pueblo en general. Suponer que todo quedaría más o menos igual es una auténtica ingenuidad. Pensar que pueda haber alguna mejora respecto de las tibias, tímidas, lentas e insuficientes iniciativas de los últimos años constituye un exceso de ingenuidad.

Naturalmente, puede alegarse que el frente único antigobierno es tan heterogéneo que, en caso de triunfar, pronto aparecerán sus fisuras. Así ocurrió, por ejemplo, con la Revolución Fusiladora de 1955. Pero sería un triste consuelo. Su carácter predominantemente reaccionario no autoriza a abrigar expectativas esperanzadas. La rica gama de reclamos de los empresarios agrícolas apuntan directamente a dar rienda libre a la valorización primario-exportadora y, de ese modo, a los precios internos de los alimentos y la posibilidad de sostener, y no digamos ampliar, los niveles de empleo actuales.

Las condiciones y el momento en que se ha entablado esta lucha no son los más favorables para la acción popular. Pero son las que existen. Si las fuerzas populares son débiles y dispersas, ello no justifica la retracción. Porque esta sí será fatal.

1º de julio de 2008

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(*) Miembro del Consejo de Redacción de la revista Herramienta, integrante de Economistas de Izquierda-Argentina
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